El 15 de enero pasado se publicó la decimosexta edición del Reporte de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés).[1]
Por primera vez desde su lanzamiento en 2006, los principales cinco (5) riesgos en orden por probabilidad de ocurrencia son todos ambientales:
- Clima extremo.
- Pérdida de biodiversidad.
- Fracaso en la acción climática.
- Desastres naturales.
- Desastres ambientales provocados por el hombre.
Enfoquémonos en el tercer riesgo: Fracaso en la acción climática.
Colombia ha dado pasos de gigante en materia de acción climática. A finales del año pasado, el país aumentó su compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. También se comprometió con ser neutral en carbono para 2050, es decir, cero emisiones netas de gases de efecto invernadero.
El aporte más grande en Colombia a las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la deforestación y de acuerdo con uno de los principales ONG ambientales – el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) – en 2019: “en el país cada hora se deforestó un área de bosque equivalente a 26 canchas de fútbol”.[2]
El actual y los futuros gobiernos tienen una titánica labor por delante ya que las principales causas de la deforestación provienen de la expansión de la frontera agropecuaria, la siembra de cultivos ilícitos, la tala y la minería ilegal y el crecimiento de la población. Tres de estos cuatro factores sólo se pueden acotar con leyes y un estado más presente y vigilante en las regiones donde se deforesta.
Pero Colombia no sólo se comprometió a reducir la deforestación. También tiene que buscar fondos para financiar plantaciones forestales comerciales, hacer restauración ecológica, propiciar una ganadería sostenible, mitigar el cambio climático en la caficultura e invertir en generación de energía limpia y la movilidad eléctrica. Estas son las otras seis principales medidas de implementación, todas en curso, para cumplir las metas de reducción de emisiones del país.
La acción climática tradicionalmente ha estado a cargo del gobierno que, de la mano de la banca multilateral, busca más el impacto en la sostenibilidad de sus inversiones, que las utilidades. Por ejemplo, el gobierno, por medio de exenciones tributarias a las inversiones en energías renovables y eficiencia energética, facilita la transición energética y propicia la inversión.
En Colombia, según el CCADI (Iniciativa de Divulgación de Activos y Cambio Climático de Colombia) hay una brecha de financiamiento de 3.5 billones de pesos anuales para cumplir con la meta de mitigación y evitar daños similares a los ocurridos por el último Fenómeno de la Niña en 2010-2011 que generó pérdidas de casi 2.5 veces esa cifra.[3]
La gran pregunta entonces es: ¿de dónde saldrá el dinero para no fracasar en acción climática?
El pago de mayores impuestos por parte de las empresas y la ampliación de la base de tributación son un hecho y ojalá finalmente el impuesto al carbono se utilice para lo que es.
Pero ante esta crisis de financiación se abre una oportunidad doble para el sector privado.
Primero, para la banca (privada y de desarrollo), los fondos de capital privado y los inversionistas institucionales (entre ellos fondos de pensiones y el sector asegurador) en general a través del desarrollo e innovación en productos financieros para la sostenibilidad. Ejemplos de estos son:
- Los bonos verdes, sociales y sostenibles que ya no sólo emiten bancos como Bancoldex, Davivienda, Bancolombia y Banco de Bogotá, sino también empresas como ISA, Bancolombia y Celsia. Las solas emisiones en pesos de los bancos recaudaron COP 1.2 billones.
- Los mercados de carbono. Según el Centro Regional de Finanzas Sostenibles, hoy existen 20 sistemas que cubren 27 jurisdicciones a nivel mundial con sistemas de comercio de emisiones. Colombia aun no lo tiene pero está en estudio.
- Los índices de sostenibilidad que promueven la inversión responsable. Grupo Sura, Bancolombia, Grupo Nutresa y el Grupo Argos están en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) y hay una marcada preferencia del consumidor, los accionistas e inversionistas en empresas verdes. En ese orden de ideas, esta certificación está pasando de un “bueno tenerla” o un “debo tenerla”.
- Los prestamos estructurados (financiación de banca multilateral y banca comercial privada) que se lograron en las concesiones viales de cuarta generación que tiene una infraestructura más resiliente a riesgos naturales. Esto mismo está pasando con el project finance y non-recourse finance de proyectos de generación solar y eólica en el país.
- Los mecanismos de transferencia del riesgo climático de empresas y estados al sector reasegurador a través de estructuras paramétricos. Por ejemplo, vía la estructuración de un seguro paramétrico que garantice el riesgo de cartera de un banco con un portafolio agrícola que tenga una posibilidad de impago con ocasión de desastres naturales como un fenómeno de la Niña, del Niño o riesgos catastróficos (como huracán).
- Crowdfunding de proyectos sostenibles. En el país ya existen empresas de eficiencia energética y autogeneración que utilizan este mecanismo para financiar sus proyectos, donde una persona natural invierte en una empresa volviéndose dueña de un porcentaje de las utilidades que deje el proyecto de eficiencia energética: titularización verde.
La segunda oportunidad es para las empresas del sector privado que le apuesten a la inversión en proyectos y negocios sostenibles.
De acuerdo con la Comisión de Desarrollo de Negocios Sostenibles y la IFC, para 2030 se necesitan inversiones por USD 7 trillones, de los cuales USD 4.5 trillones deben ser en países en desarrollo.
Sectores como el agropecuario, el de energía, la construcción, el turismo son apenas algunos de los que se pueden beneficiar al volverse pioneros en sostenibilidad.
Hoy en día las principales empresas de generación en Colombia (EPM, ENEL, Isagen, Celsia y AES) están invirtiendo en generación solar y eólica y si no los siguen en redes los invito a hacerlo para que vean el mercadeo que, con razón, les hacen a estas iniciativas.
Un proveedor de energía verde (aunque Colombia la energía es renovable en un 60% aproximadamente) es mejor y los cuatro generadores privados quieren tener un porcentaje mayor en portafolios eólicos y solares vs. térmicos (donde se utiliza gas, carbón y combustibles para generar). La generación térmica es de respaldo y las renovables con fuente no convencional les dan complementariedad a sus portafolios de generación y son un hedge natural contra riesgos de sequía.
Es claro entonces que el sector privado se vuelve un actor clave en la acción climática y la financiación que permitirá, en parte, no fracasar en acción ambiental. Esta es una tarea conjunta del sector público y el sector privado.
Finalmente, ¿se puede salvar el mundo y ganar dinero en le proceso? Creo que la respuesta es un sí rotundo y las empresas que sean pioneras e inviertan en sostenibilidad van a tener una ventaja competitiva, mejor riesgo reputacional y clientes más leales y satisfechos.
Hoy en día el cliente, los empleados y los accionistas no sólo buscan un retorno a su inversión, sino adicionalmente ayudar a proteger el planeta.
[1] https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020
[2] https://www.wwf.org.co/?uNewsID=365418
[3] Análisis de Gestión de Riesgos Naturales en Colombia del Banco Mundial de 2012.
